La batalla del TC

José Miguel Aldunate

“À la guerre comme à la guerre!”, dicen los franceses. Cuando la lucha por la supervivencia es desesperada, hay que pelear con lo que se tenga a mano y jamás abandonar las posiciones tomadas.

La verdad es que cuando María Luisa Brahm asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), éste se encontraba asediado por dos frentes y sus fuerzas se encontraban ampliamente sobrepasadas. Ella es una mujer aguerrida. De aquí que resultara tan desconcertante verla mostrando el flanco más débil de la institución que lidera y acatando la definición que quieren imponerle sus contrincantes.

El argumento de que el TC es una “tercera cámara” proviene de ciertos sectores de la izquierda, que critican el uso de la instancia jurisdiccional como un nuevo trámite legislativo. Este argumento, originalmente político, ha sido utilizado recientemente también desde el Poder Judicial. Hace un par de años, en una prevención de un ministro de la Corte Suprema, leímos que el TC era en realidad un tribunal político y que sus decisiones no podían obligar a la justicia ordinaria. La misma lógica pareció justificar la sentencia de la Corte Suprema de octubre del año pasado, que pretendió revisar vía acción de protección las sentencias de inaplicabilidad del TC, como si se tratara de un órgano administrativo y no de un tribunal con todas las de la ley.

La verdad es que los tribunales constitucionales, de creación relativamente reciente, son una cuña incómoda para los poderes Legislativo y Judicial. La separación de poderes se estableció en el entendido de que el poder no se cede tan fácilmente y que las instituciones del Estado debían incomodarse mutuamente. El TC es particularmente incómodo, porque debe operar en las aguas de la política, pero razonar como un órgano jurisdiccional. Para sostener la tensión entre el derecho y la política se requiere de claridad mental y mucho temple de ánimo.

¿Pero qué ocurre si la cuña pierde su voluntad de poder? Cuando la ministra Brahm concede que el TC es una tercera cámara, renuncia a la identidad del tribunal como tribunal. Entonces, los órganos políticos pueden impugnar la legitimidad democrática del TC y los órganos jurisdiccionales pueden desconocer la obligatoriedad de sus decisiones. El abandono de la identidad institucional propia y el adentramiento suicida en el territorio de otras instituciones equivale a una rendición que puede resultar fatal no sólo para el TC, sino que para todo el equilibrio de poderes.

Porque, para bien o para mal, el encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes es el TC. Sin él, la discusión política se queda sin un árbitro que le marque los límites. Es indudable que el TC requiere modificaciones, pero la incertidumbre del nuevo proceso constitucional deja toda posibilidad de reforma en entredicho. Mientras tanto, el tribunal deberá seguir operando, con esta misma orgánica y estas mismas atribuciones.

De aquí que resulte fundamental que el TC desoiga a quienes le niegan la razón de existir, y permanezca en la creencia de que es un tribunal que razona jurídicamente y cuyas decisiones son obligatorias. Por último, si al final del proceso acaba siendo abolido, que nadie pueda decir que no murió con las botas puestas.